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Camara del Senado de Brasil aprueba la implantación de la Marca de la Bestia

La Cámara de Representantes aprobó el martes (21) la creación de la Nacional de Identificación Civil (ICN), un sistema que proporciona un documento que unifica los registros de los brasileños. Aprobado de manera simbólica, el texto pasa a la consideración del Senado.

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La Cámara de Representantes aprobó el martes (21) la creación de la Nacional de Identificación Civil (ICN), un sistema que proporciona un documento que unifica los registros de los brasileños. Aprobado de manera simbólica, el texto pasa a la consideración del Senado.

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Por diseño, el documento (que también proporciona la identificación biométrica) será expedido por los estados de los institutos de identificación bajo la supervisión del Tribunal Superior Electoral (TSE).

La impresión de tarjetas, si el proyecto es aprobado, será gradual. A medida que el plazo de documentos válidos ahora está ganando el CIE será entregado a los ciudadanos.

Según el ponente, Julio Lopes (PP-RJ), después de la fase de ajuste, la expectativa es que la nueva identificación reemplazará todos los documentos, excepto el pasaporte y licencia de conducir (que son provisionales).

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Poco a poco, el proyecto ya no existen en forma física, por ejemplo, la tarjeta de identificación, el votante, PIS y PASEP.

El proyecto

El texto aprobado el martes por los eurodiputados, el nuevo documento será válido en todo el territorio nacional y la mayor cantidad de datos serán incluidos en la tarjeta, no se cobrará la presentación de documentos separados.

La propuesta también establece lo siguiente:

El primer tema será libre y la impresión que le corresponderá a la Casa de la Moneda;

La base de datos del CIE será gestionado por el TSE, lo que garantizará el acceso a la información a la municipal, estatuais y los gobiernos federales (las bases de datos de los gobiernos regionales pueden estar integrados en el CIE);

El TSE debe definir la integración de registros biométricos de la base de datos por la Policía Federal y Civil;

El gobierno debe proporcionar mecanismos para poder realizar comprobaciones cruzadas, con el fin de verificar los requisitos para la participación de los ciudadanos en los programas sociales;

se prohibirá la venta de la totalidad o parte de la base de datos, con las penas previstas de dos a cuatro años de prisión, además de una multa para los que violen la regla.

Fuente: O Globo

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